Luna de hiel entre Mahuad y Aspiazu

Artículos – Periodismo de opinión

Por Raúl Vallejo

Jorge Núñez, editor general, Bancos y banqueros: de Urbina Jado a Aspiazu, Editorial “El Conejo”, Quito, 1999: 104 – 115.

Tras la quiebra del Banco del Progreso y la prisión de su ex presidente, la familia de Fernando Aspiazu empezó un lobby sui generis en EEUU en contra del Ecuador, encabezado por Gary Hart, un ex senador demócrata que arruinó una carrera política que apuntaba a la candidatura a la presidencia de su país no por desafiar a la prensa a encontrarlo en aventuras amorosas sino, sobre todo, por mentir respecto de su conducta moral. Gary Hart que, seguramente, sigue creyendo en un sistema en el que hasta el Presidente puede ser puesto en el banquillo de los acusados demandado por una ciudadana común, fue contratado por la familia de Aspiazu, como cabeza de un bufete de abogados, para iniciar una demanda contra el Estado ecuatoriano por la forma, supuestamente ilegal, como fuera detenido el ex presidente del Banco del Progreso.

Seguramente, el político norteamericano no estaba enterado de que, en nuestro país, las acciones de ciertos ‘banksters’ desquiciaron al sistema financiero y pusieron en duda la idoneidad de todos los bancos. Estos ‘banksters’, según lo ha publicado la prensa nacional independiente, se han movido impunemente gracias a su poder económico y su enorme influencia política. Ahora es conocido que financiaron campañas electorales con montos de tal naturaleza que, prácticamente, han hipotecado el ejercicio de la presidencia y tienen en jaque a Jamil Mahuad, que ya inició su peregrinaje por un calvario jurídico que lo conducirá a gobernar aferrado a un poder político que, definitivamente, ha perdido su sostén ético.

Estos ‘banksters’ tuvieron, en un momento, la influencia suficiente como para evitar que artículos de la Ley respectiva posibilite intervenir sus otros negocios en caso de que el banco que poseían quebrara. Esto, al igual que en el país de Gary Hart, también aquí es condenable desde la ética. Pero, además, estos ‘banksters’ abusaron de la confianza del público y excedieron en demasía el nivel de los llamados créditos vinculados, lo que, al igual que en el país de Hart, ya no solamente es condenable desde la moral pública sino desde la Ley.

En Ecuador, en medio del enmarañamiento jurídico del caso Aspiazu que estamos viviendo, parecería que hemos olvidado que los bancos retienen, en cada transacción bancaria, a cada uno de los ciudadanos el 1% por concepto del Impuesto de Circulación del Capital, ICC, y que luego ellos tienen que entregarlo en un plazo de dos días al Servicio de Rentas Internas, SRI. Parecería que no sabemos que el dinero correspondiente al 1% no es del banco ni puede, por ningún concepto, ser parte de los cálculos de su liquidez. Ese dinero es dinero del Estado; o sea, de nosotros, la ciudadanía; y quien se apropia del dinero del Estado, aquí o en el país de Gary Hart, está disponiendo a su antojo de fondos públicos.

Según han explicado algunos expertos tributarios, cuando un banquero no entrega en el plazo fijado por la ley lo que recauda por concepto del 1%, no estamos ante una transgresión tributaria sino ante un delito de peculado, pues el agente de retención no es el que tributa sino que es el agente habilitado por el Estado para que lo recaude: el dinero del 1% es dinero del Estado desde el momento mismo en que se lo cobran al ciudadano en la ventanilla del banco y ningún banco, por ningún motivo, puede hacer uso de tal dinero. Para asombro de todos, en el mundo al revés en el que estamos viviendo, una funcionaria valiente como Elsa de Mena, directora del SRI, que ha actuado sin recibir apoyo político alguno por parte del Presidente, ha sido sindicada por la manera cómo se detuvo a Aspiazu en una provincia que, al momento de la detención de dicho banquero, estaba bajo el estado de emergencia.

No sabemos en que ha quedado el lobby en contra del Estado ecuatoriano para el que Gary Hart fue contratado; lobby cuyo costo y origen de los fondos con los que hubiera sido cancelado, los ecuatorianos probablemente jamás nos enteraremos aunque tengamos sospechas ciertas. Lo que sí sabemos ahora es que tras el escándalo del Banco del Progreso encontramos el amancebamiento perverso y el abrupto divorcio entre el financista de una campaña presidencial y el Presidente que resultó electo. Lo que ha empezado a vivir el país, por tanto, es la luna de hiel entre Mahuad y Aspiazu.

En el comienzo, la filantrópica bancocracia

Robert Glaubert, ex subsecretario del Tesoro de los EEUU, ha señalado que “mantener vivos a los bancos insolventes sólo posterga su caída” y que “no hay bancos demasiado grandes para quebrar”, ya que “proteger a los bancos grandes, sencillamente conduce a problemas mucho más grandes en el futuro”, por lo que el Estado, “únicamente debe proteger a los depositantes y no a los accionistas ni gerentes”. Sólo que para cerrar un banco ineficiente, según este catedrático de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, “se debe buscar funcionarios que tengan la firmeza y la disciplina mental para efectuarlo” (Gestión, # 53, nov. 98).

Nuestros geniecillos de Harvard, por el contrario, evidenciaron su pleitesía al poder político y económico concentrado en Roberto Isaías, pues, vistas las cosas a distancia, el descalabro al que nos ha sometido la bancocracia mahuadista comenzó con el caso de Filanbanco. En aquel entonces, el gobierno no tuvo la entereza política ni “la firmeza y la disciplina mental” para resolver la crisis de dicho banco castigando a los accionistas, protegiendo a los ahorristas y salvaguardando el dinero del Estado. Por el contrario, mientras exhibía ante el FMI la eliminación del subsidio a la electricidad, entre otros, como el gran logro de su política económica ya que le significaba al Estado un ahorro de 35 millones de dólares a costa de meter la mano en el bolsillo de los sectores medios, el Banco Central decidió una nueva inyección de recursos que premió la ineficiencia empresarial de Filanbanco y que contribuía a perpetuar el poder político de Isaías, quien había acompañado en algunos de sus viajes al presidente Mahuad. La revista Vistazo aseguraba que hasta diciembre de 1998, Filanbanco había recibido 300 millones de dólares, una cantidad igual al subsidio al gas (Patricia de Burbano y Cecilio Moreno, “El salvataje del año”, dic. 3, 1998).

Roberto Isaías ha concentrado en sus manos camaroneras, inmobiliarias, aseguradoras; maneja empresas cerveceras, azucareras, mineras, automotriz; ha incursionado en el campo de las telecomunicaciones y es dueño de varios medios de comunicación: TC televisión, radio Carrousel, revista Más, entre otros. Miembro del Directorio de la Junta Monetaria en tiempos de Abdalá Bucaram, fue el poderoso vínculo, que permaneció no sólo innombrable sino también intocable, entre los intereses políticos y económicos de Febres Cordero y Bucaram. Nunca como en ese caso se había desnudado la dependencia de un gobierno frente al poder económico. Nunca como en ese momento se evidenciaron los lazos indelebles entre la riqueza concentrada y el ejercicio del poder político. Nunca; hasta que nos enteramos de que Fernando Aspiazu entregó, por gestión personal del presidente Mahuad, más de tres millones de dólares a la campaña de la Democracia Popular, gerenciada por Eduardo Mahuad, hermano del Presidente.

El amarre PSC-DP en la interpelación al superintendente

La interpelación a Jorge Egas, Superintendente de Bancos, vista con los nuevos elementos, se constituyó en otro desesperado intento de Mahuad por salvar a su financista y los intereses de la oligarquía que Aspiazu representa. En tal esfuerzo, Mahuad y Juan José Pons, Presidente del Congreso y socio de Aspiazu —que estuvo presente cuando Mahuad fue a solicitar el dinero para la campaña electoral al banquero—, arrastraron al bloque de la DP a salvar a un funcionario que, según las auditorías internacionales posteriores, si no se puede probar que protegiera a Fernando Aspiazu, al menos resulta obvio que ejerció un control ineficiente sobre la situación real del Banco del Progreso.

“Cerrado el debate —de la interpelación— quien presida la sesión ordenará que se tome votación nominal a favor o en contra de la censura”. Así reza el inciso final del artículo 94 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el caso específico de las interpelaciones, según la letra y el espíritu de la Ley, no existe posibilidad de “abstención”. Es decir, se debe votar a favor o se debe votar en contra de la moción de censura. Por ello, las 73 abstenciones del PSC, el PRE y la DP en la interpelación al Superintendente de Bancos fueron el resultado de la fórmula leguleya que aquellos encontraron para quitarle las castañas del fuego al ex ministro de Febres Cordero que, en el juicio, demostró no tanto que fuera políticamente inocente cuanto que actuó como un funcionario inocentón.

Jorge Egas Peña, el Superintendente de Bancos, sería inocente de haber sido abogado patronal de EMELEC y de ser miembro del Consejo Editorial de El Telégrafo, ambas conocidas empresas de Fernando Aspiazu; después de todo, se trata de funciones de libre ejercicio profesional, la una, y reconocimiento honorífico, la otra. Para las 73 abstenciones, el Superintendente fue un inocentón que no entendía el sentido semántico que encierra el concepto ‘conflicto de intereses’. Sería inocente de la desastrosa situación financiera en la que cayeron un par de bancos; después de todo, él no ha sido administrador de tales bancos. Para las 73 abstenciones, el Superintendente fue un inocentón que no tenía por qué recabar informe alguno a los auditores de la institución bajo su mando para controlar el estado de los bancos en el país, ya sean de la costa, ya de la sierra.

Jorge Egas Peña, el Superintendente de Bancos, sería inocente de que, según las notas de prensa que citan al diputado interpelante Carlos González (ID), el Banco del Progreso, en los primeros meses de 1999, haya girado más o menos 1.200 cheques que no pudieron ser cobrados por sus beneficiarios; o que dejara de entregar en varias fechas el 1% retenido por concepto del ICC; o que, según reportajes de prensa, tuviera una cartera vinculada en cuyo entorno se multiplican empresas que actúan como fachadas legales de los verdaderos beneficiarios de los préstamos. Para las 73 abstenciones, el Superintendente era un inocentón que, como máxima autoridad de control, no tenía razón alguna para enterarse de cuál era la situación real de la banca, menos aún si se trataba del banco de su empleador en quien, por supuesto, debía tener absoluta confianza.

Jorge Egas Peña, el Superintendente de Bancos, sería inocente del Feriado Bancario; después de todo, quien lo decretó, según él, fue el Gobierno por decisión del Presidente. Para las 73 abstenciones, el Superintendente es un inocentón que, aún dándose cuenta de los probables efectos negativos de una medida supuestamente ordenada por el Presidente, fue incapaz de oponerse a ella si es que, en conciencia, la consideraba errónea. Aún cuando Egas hubiera cenado con los diputados del bloque de Juan José Pons en casa del presidente del Congreso, sería inocente. A la postre, y a los postres, él apareció, durante el juicio político, como el super inocentón.

La estrategia de Aspiazu

La estrategia jurídica de Fernando Aspiazu podría sintetizarse en una frase: “desparramar lodo con ventilador, durante el mayor tiempo posible”. Hace un par de años, O. J. Simpson, la estrella del fútbol americano que supuestamente asesinara a su ex mujer, probó, en uno de los sistemas judiciales más sólidos del mundo, que mientras se tuviera mucho dinero para mantener abogados, se prolongara un juicio lo que más se pudiese mediante artimañas legales, y se ocupara la atención permanente de los medios, siempre era posible sembrar una duda razonable en un jurado para ser encontrado ‘no-culpable’.

Javier Ponce escribió que el caso Aspiazu desnudaba a la justicia ecuatoriana “allí donde el apego a la ley tiene por objeto soslayar la justicia” (“Sistema judicial, un harnero”, Hoy 09.18.99, 2A”); y Carlos Jijón, defendiendo el “derecho al debido proceso” de todo reo, decía que hay que combatir el poder patrimonialista “en el que los jueces son nombrados por camarillas políticas corruptas que los manejas a su antojo (…) y no los principios que esas prácticas corrompen” (“Sobre el derecho al debido proceso” Hoy 09.18.99, 2A”). Complementado aquel diálogo, Aspiazu y sus abogados, al haber pasado a la ofensiva y acusado a los alfiles del Presidente —con el objeto de implicar penalmente al Presidente mismo— están consiguiendo que la ciudadanía olvide lo que verdaderamente pesa. Y lo que pesa son las cuestiones de fondo que, en su caso, tienen que ver con las presunciones de manejo del Banco del Progreso al margen de la ley, del uso de testaferros para crear fachadas jurídicas de compañías existentes solo en el papel, de la retención de dineros de empresas del Estado, y de la disposición arbitraria de fondos públicos recaudados por concepto del impuesto del 1%.

Según el reportaje de Patricia de Burbano publicado en Vistazo (julio 22, 1999), el Progreso tenía créditos vinculados por 550 millones de dólares de una cartera total de 821 millones; y, sin embargo, la ley le permitía que entregara en préstamo a empresas vinculadas hasta el 15% de su patrimonio técnico, es decir, únicamente 60 millones de dólares. De acuerdo a la investigación de Marlon Puertas, en la misma revista, entre los directivos de las empresas vinculadas al Progreso que deben alrededor de 1.6 billones de sucres, se encuentran “dos abogados, dos ingenieros, un zapatero, tres jornaleros, tres agricultores, dos guardias de seguridad, una costurera, una ama de casa, un ayudante de mecánica, tres empleados, un chofer, un albañil, un comerciante y 23 estudiantes”.

Y, según la prensa nacional, la acusación presentada por el SRI contra Aspiazu, no ha podido ser desvirtuada hasta hoy, porque los abogados de Aspiazu no se han dedicado a defender la acusación de que Aspiazu ha cometido peculado al, presuntamente, disponer arbitrariamente de fondos públicos como es lo que cada uno de nosotros paga por concepto del 1%, sino a acusar a los ministros de Gobierno y Defensa de haber actuado al margen de ciertas formalidades procesales. Hasta antes de que Aspiazu denunciara sus aportes a la campaña de Mahuad no se entendía por qué ninguno de los funcionarios que acusaron a Aspiazu y ejecutaron su detención había recibido el respaldo político abierto que acciones de esta naturaleza requieren por parte del Presidente más allá de sus entornos legales.

Frente a la estrategia política y legal de Aspiazu, hay que recordar dos cosas: la una, un axioma jurídico que los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil, como Héctor Romero Parducci, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, o Vladimiro Álvarez, Ministro de Gobierno, solían enseñar: “no hay que sacrificar la justicia por causa de las formalidades”; la otra, que en el segundo juicio, el civil, que siguieron contra O.J. Simpson, la acusación no permitió que la vuelvan a enredar, y la ex estrella de fútbol americano fue encontrada culpable y obligada a pagar costas y reparaciones civiles.

La hipoteca de los 3 millones de dólares

El asunto de los tres millones de dólares con los que Fernando Aspiazu contribuyó, ya personalmente, ya como intermediario, a la campaña de Jamil Mahuad constituye un escándalo ético y político y decenas de editorialistas se han encargado de analizar el asunto. Por tanto, no insistiré sobre ello en este apartado. Mi reflexión se centrará en torno al hecho de que los procesos de elección democrática se hayan convertido en empresas electorales que han terminado reduciendo la confrontación cívica al auspicio del apostador a su gallo, han hipotecado la independencia del gobernante, y han puesto en riesgo la independencia de la prensa tentándola a que entre en el juego de la influencia.

De los 3 millones, según declaraciones de Andrés Crespo, antiguo militante de la DP, y del propio Ramón Yulee, Secretario de la Presidencia, alrededor de medio millón fue destinado al auspicio de la candidatura de Polo Baquerizo, quien hasta hoy no desmiente con claridad si recibió o no algo más que ‘un puñado de dólares’ para aceptar la candidatura a diputado por Guayas. Si aquello fuera cierto, estaríamos ante el caso evidente de una empresa electoral que adquirió una ‘franquicia’, es decir que pagó por el derecho de usar una marca.

Si es cierto que Mahuad pidió, personalmente, la colaboración a Aspiazu, estamos ante el arreglo sui generis entre el apostador y el gallo de pelea. Los contribuyentes de tales montos, entonces, se han convertido en apostadores por el poder; una apuesta, como resulta obvio, destinada a preservar su patrimonio. Por ello, tal vez Aspiazu creyó que tenía patente de corso y que pasara lo que pasara, el Estado tenía que, a costa de la ciudadanía, mantener a flote su banco.

Después de enterarnos de los 3 millones, entendemos el terror de Mahuad durante la crisis de marzo. También entendemos la soberbia de Aspiazu y el motín político armado por LFC que, desde el balcón de la alcaldía, bramaba a los asistentes a su circo, que había hablado con el presidente y que le había dado un plazo perentorio para que se pronunciara. En aquel momento resultaba inentendible la actitud pazguata del Presidente ante un LFC vociferante. Entendemos ahora que un presidente hipotecado por tres millones de dólares no tiene independencia para gobernar.

En 1983, Osvaldo Hurtado propuso una Ley que limitaba el gasto electoral. Los medios de comunicación la llamaron “ley mordaza” y la danza de los millones en publicidad ha continuado hasta hoy. El negocio para algunos es doble: ingresos reales y ganancias potenciales. Fidel Egas, principal del Banco de Pichincha, declaró a El Universo que él le cedió espacios publicitarios gratuitos a Mahuad. Seguramente no ha sido el único ni fue al único candidato a quien cedió tales espacios. Después, por la lista que Eduardo Mahuad presionado por las circunstancias ha presentado, sabemos que el grupo que lidera Fidel Egas donó además de aquellos espacios publicitarios gratuitos, la suma de S/.889’946.000. La enseñanza cívica para el futuro es que si hay descuentos y los espacios son gratuitos, aquellos deben constar abiertamente como contribución a una campaña electoral. De lo contrario, la prensa corre el riesgo de entablar compromisos para que le compren espacios publicitarios o de comprometer a los candidatos al darles tratos preferenciales.

Jaque (¿mate?) a Mahuad

César Montúfar escribió: “No existe otra salida que la sucesión constitucional del Vicepresidente” (“Renuncia y sucesión vicepresidencial”, El Comercio, 11.03.99, A4). Alberto Acosta escribió: “Aspiazu, frustrado por la ingratitud de Mahuad, cobra su inversión electoral con una nube de juicios” (“Ecuador, un país en manos de buitres”, Hoy, 11.03.99, 4A). Manuel Terán se pregunta: “¿Cabe que una persona que aspira dirigir el país pueda recibir una suma tan elevada sin verse comprometido de alguna forma?” (“Ética y política” El Comercio, 11.03.99, A59). Miguel Rivadeneira, denunció: “¿Acaso no visitaba frecuentemente hasta hace poco las noches la Cárcel 4, en donde está Aspiazu, un alto funcionario de Carondelet, muy cercano al Presidente?” (“La cleptocracia ecuatoriana”, El Comercio, 10.25.99, A5).

Así las cosas, el presidente Mahuad está maniatado y, al igual que Abadalá Bucaram, se llenará de juicios y ocupará su tiempo en defenderse, con lo que podemos estar seguros de que el país seguirá por el despeñadero si ya sabemos de la práctica del Presidente de resolver un solo problema a la vez. La confesión judicial a la que los abogados de Aspiazu lo han llamado es tan solo un indicio de que la batalla legal recién comienza, más aún si el nuevo miembro del grupo es José Guerrero, abogado de Fabián Alarcón y ex ministro de Trabajo de aquel régimen, zorro viejo en el arte de litigar. Según mis informantes, las armas de grueso calibre que tiene Aspiazu contra Mahuad todavía no han salido al campo de batalla. La confesión judicial es una mina que si no se desactiva con cuidado puede reventar en las manos del Presidente.

A este panorama debemos agregar que, como Moisés con las Tablas de la Ley, según la caricatura de Toño (Hoy, 11.04.99, 9A), LFC ya pontificó y señaló como “adecuada” la decisión de la jueza Segarra de sindicar a Mahuad en el juicio penal incoado por Aspiazu contra el ex secretario de la Presidencia, Ramón Yulee. Mahuad, entonces, está enfrentado contra el poder de esa oligarquía guayaquileña que no le dará sosiego porque se ha sentido traicionada al ver mermada una parte de su patrimonio y porque tiene, aunque todavía escondidas, las pruebas suficientes como para iniciar un juicio político de cuyo resultado querrá pescar a río revuelto para hacerse del gobierno directamente o a través de un político manejable desde el Cortijo como lo fuera Alarcón. Y la persecución a los enemigos, por parte de aquel Padrino del trópico es implacable y efectiva como lo sabe bien Alberto Dahik.

En esas condiciones, Mahuad no podrá gobernar con libertad ni con eficiencia durante los tres años que le restan. Someterá a nuestro país al lento pero constante desmoronamiento de la autoridad presidencial. Y como se verá obligado a pactar con griegos y troyanos para salvar el pellejo, tengan la seguridad de que el regreso de Abdalá Bucaram tendrá lugar más pronto de lo que los optimistas bucaramistas piensan. Y si bien coincido con César Montúfar en que la renuncia de Mahuad y la sucesión constitucional del Vicepresidente sería la única salida democrática que le queda a nuestro país para evitar el caos al que lo llevará Mahuad tratando de defenderse como gato panzarriba, la pregunta inmediata tiene que ver con la real viabilidad política que tiene Gustavo Noboa para gobernar, pero aquello ya es motivo de otro análisis.

El maridaje perverso

El problema principal no solo reside en el cariz político que tomó el caso Aspiazu. Mi reflexión final apunta a ese maridaje perverso entre el dinero y la política. El miércoles 20 de octubre de 1999, El Universo tituló su reflexión editorial principal: “Mientras los políticos hablan, la crisis aumenta”. El 21, El Comercio, en primera plana, sentenciaba: “Sí, todos los políticos son responsables”. Desde hace algún tiempo, pero sobre todo después del 5 de Febrero (1997), cuando Bucaram fue echado del gobierno, encontramos titulares de ese estilo en casi toda la prensa. Aquello que podría ser tomado como una campaña “contra los políticos”, es tan solo la constatación de conductas públicas que hacen del Ecuador, un país cuyo proyecto nacional, al parecer, carece de viabilidad.

Sin embargo, los análisis editoriales que han conminado a los políticos a una acción más responsable con el país olvidan que en la arena política también están en juego los intereses económicos de financistas de campañas electorales, y de poderosas oligarquías que lanzaron a sus más conspicuos representantes a la carrera política para que el gobierno actúe y las leyes se hagan según el requerimiento de sus negocios. El circo, según el comentario de El Comercio, al que ciertos políticos han sometido al país tiene un dueño de rostro perverso: el maridaje entre el poder económico y las representaciones políticas.

Según nota de prensa (“Aspiazu insiste en acusaciones”, Hoy, 21 octubre 1999, 3A), el ex presidente del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, afirmó que “a través mío se canalizaron 3’000.000 (tres millones) de dólares de aportes que jamás fueron informados al Tribunal Supremo Electoral”. Esta afirmación la hizo Aspiazu “después de relatar que Ramón Yulee, el renunciante secretario general de la Presidencia, y el diputado Alejandro Aguayo (DP),” fueron quienes recibieron el dinero. La nota de prensa también señala que la Democracia Popular, según Aspiazu, jamás reportó dicha contribución al Tribunal Supremo Electoral. La declaración de Aspiazu es grave en sí misma por las implicaciones penales que de ella han derivado. Pero lo que destaca es el millonario compromiso que ata a ciertos políticos con ciertos empresarios.

En este sentido, la ruptura del PSC y el gobierno, el tratamiento del gobierno al Progreso antes del cambio de autoridades de control de la banca y monetarias, y la movilización a favor del banquero Aspiazu, liderada por LFC, se explicarían, en parte, por esos aportes invisibles a las campañas electorales que hacen del presidente y los diputados, no mandatarios de sus electores sino sirvientes de sus financistas.

Una de las causas de la calamitosa situación del sistema financiero reside en el concepto que apadrinó la Ley de Régimen Monetario de 1994, aprobada bajo la alianza del gobierno de Sixto Durán Ballén con el PSC, como parte del famoso Pacto del Cortijo acordado entre LFC y Dahik. Entonces el equipo económico del gobierno —básicamente el mismo que tuvo Mahuad al inicio de su régimen— dijo que los bancos ineficientes quebrarían y que únicamente sobreviviría la banca viable; el dios mercado se encargaría de ello. Después de todo, era el tiempo en que Dahik y Ana Lucía Armijos pregonaban el catecismo de los neoliberales a la ecuatoriana, es decir, de pacotilla. Lo que sucedió ya lo sabemos: más de dos mil millones de dólares ha tenido que invertir el Estado para salvar los trastes de la banca y una suma de aquella naturaleza no sólo impide la realización de cualquier programa de estabilización sino que ha añadido un problema más: actualmente, la banca es mayoritariamente una banca del Estado.

La raíz de las leyes dictadas para favorecer intereses particulares, de las artimañas políticas y legales para cubrir los manejos fraudulentos y volverlos impunes, el origen de las pugnas sin fin y ciertas movilizaciones populares —como la convocada por LFC en marzo, a favor del Banco del Progreso—, están en las enormes presiones del capital: por ejemplo, todavía ronda en la conciencia social el proyecto de Ley destinado a la condonación de intereses y multas de las deudas de cuatro compañías de aviación con el Estado, en la cifra de, aproximadamente, 11millones de dólares, auspiciado por el dirigente socialcristiano Xavier Neira. La razón nos lleva a concluir que tan sólo el hecho de ‘pensar’ en tal ‘ley’ destinada a favorecer a dedo a cuatro particulares ya es una muestra flagrante de una mentalidad abusiva. Haberlo propuesto es haber creído que los ecuatorianos somos estúpidos. En vez de proponer que el Estado recaude todas las deudas, que llegado el caso embargue a las compañías morosas y las venda inmediatamente en la bolsa; en vez de castigar a los empresarios ineficientes, se quiso obligar a los doce millones de ciudadanos a pagar la deuda de cuatro particulares.

Recordemos el caso de Filanbanco: el señor José Joaquín Franco actúa como diputado alterno de Xavier Neira, del PSC. Juan Franco, hermano del diputado alterno, es gerente general de Filanbanco. El señor Carlos Pareja está vinculado al señor Roberto Isaías, presidente de Filanbanco, y también a Febres Cordero. El señor Roberto Isaías está casado con una sobrina carnal de Febres Cordero. Así es como uno se explica que, durante la crisis de Filanbanco y mientras el Congreso aplazaba la aprobación de la Ley de la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD, Febres Cordero se hubiera comunicado con los miembros del directorio del Banco Central para sugerir —en su estilo de sugerencia de las cosas— una solución favorable a Filanbanco, y que del préstamo subordinado, que significaba que Isaías perdía el control del banco, se pasara en cuestión de horas —luego de que Isaías abandonó la sesión en donde se buscaba la salida al problema y produjo un empantanamiento de la negociación—, a una nueva inyección de recursos públicos en beneficio de una entidad privada controlada en el noventa por ciento por él mismo.

Aunque hay que estar claros desde el comienzo que de ninguna manera es ilegal el aporte a una campaña electoral, la lista y los montos de quienes aportaron a la campaña de Mahuad ilumina el análisis de muchos sucesos y nombramientos políticos. Danilo Carrera donó 527 millones de sucres; su socio y cuñado, Guillermo Lasso, nombrado primero Gobernador del Guayas y, después, Superministro de Economía, donó 500 millones de sucres. Ambos, son directivos y accionistas principales del Banco de Guayaquil. Roberto Izurieta, actual asesor de comunicación de la Presidencia, y Santiago Nieto, ambos empleados de Informe Confidencial, empresa de Jaime Durán Barba, Secretario de la Administración e íntimo del Presidente, donaron 250 y 350 millones de sucres respectivamente. Entre la Coca-Cola de Guayaquil, de Mercedes Santistevan vda. de Noboa, principal accionista del Banco Unión, y su hijo Ernesto Estrada, donaron S/.3.752’049.500. A esto, hay que añadir que Juan José Pons declaró que la donación de Aspiazu no fue la mayor: él tendrá que aclarar quién fue el mayor donante. Y así. Se podría analizar de manera exhaustiva la lista, pero la veracidad de aquella y, sobre todo, el uso que se hizo de aquel dinero corresponde a la Comisión Anticorrupción y al SRI, que tendrá que revisar las declaraciones de impuesto a la renta de los donantes, empezando por el propio Aspiazu, para cotejar si aquellos montos se encuentran en la renta declarada.

Lo que me interesa recalcar es que con la donación de tales montos, ningún Presidente puede gobernar con independencia. En una sociedad rica como la de EEUU, por ejemplo, ningún particular puede donar más de mil dólares a una campaña electoral. La imagen en el exterior, que es quizás el último activo que le quedaba al gobierno de Mahuad, se verá deteriorada cuando intente explicar la donación de Aspiazu y de otros funcionarios de su régimen al ex presidente Jimmy Carter y su programa de lucha contra la corrupción, pues se trata un político que se debe a un sistema en el que cuestiones de esta naturaleza se manejan con enorme escrúpulo y un elevado sentido ético y cuya transgresión puede llevar a cualquier político no solo a la pérdida de su cargo y al fin de su carrera, sino también a la cárcel.

El fracaso histórico de Mahuad, a quien le correspondía fortalecer la institucionalidad democrática del país, es haber contribuido, por el contrario, al deterioro de aquella institucionalidad que después del 5 de Febrero merecía una estabilidad que por ahora ya no es posible.

Banqueros, camaroneros, exportadores de banano, abogados de las cámaras: propietarios y funcionarios del capital están en el Congreso y en el gobierno vigilando sus propios intereses. El maridaje entre el poder económico y el poder político es otro obstáculo para que nuestro país tenga viabilidad. ¿A esos que están interesados en la salvaguarda de su patrimonio les estamos pidiendo que piensen en el país? Parafraseando a El Universo: “Mientras los políticos y el capital sigan amancebados, la crisis continuará”. Los secretos que están saliendo a flote como producto de la luna de hiel entre Mahuad y Aspiazu así parecerían probarlo.