País de sueños, despierto en la tierra. Agenda social para enfrentar la crisis

Artículos – Educación

Por Raúl Vallejo
Revista Cash (Quito) 112 (agosto 2000): 6 – 9.

“¿Cómo pretender ser felices en un mundo en que reinan el hambre y la muerte? En nuestro infeliz país, toda alegría se la robamos a alguien. ¡Aquí no podemos ser dichosos sin ser canallas!”, dice Alfonso Cortés, un personaje de Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara (1911-1947), al darse cuenta, tras su regreso al país, que cada uno de nosotros, los ecuatorianos, tenemos el ineludible deber de contribuir a la construcción de un país que integre a todos quienes lo habitamos. La novela es de 1946 pero el requerimiento ético continúa siendo el mismo en el año 2000.

La crisis actual nos obliga, en tanto país, a enfrentar en su nivel más concreto los problemas que nos agobian y frente a ella es urgente la formulación de una agenda. La agenda no es un recetario mágico de acciones que aseguran la implantación del paraíso terrenal en la mitad del mundo, sino una propuesta de construcción nacional para cuya realización requerimos de una voluntad política plural. Si Ecuador renuncia a pensar cómo quiere mirarse dentro de, al menos, quince años, no habrá otro futuro que un presente continuo de crisis sucesivas a las que se dará respuestas inmediatistas incapaces de contribuir a un proyecto de país.

Un programa mínimo, en el aspecto social, para salir de la crisis demanda de nuestro país reasumir en el imaginario ciudadano la conciencia y el orgullo de nosotros mismos; el reconocerse cotidianamente como una realidad pluricultural y multiétnica capaz de acudir a la aldea planetaria; el invertir, de una vez por todas, de manera prioritaria y permanente en educación; transformar el sistema de salud y de seguridad social; convertir los programas asistenciales en políticas de organización y autogestión populares capaces de generar fuentes alternativas de trabajo; todo esto con la perspectiva de una ciudadanía basada en la práctica de deberes y responsabilidades.

De este país a nuestro país

Es común la queja acerca de aquello que funciona mal en este país; como si la cosa no fuera con cada uno de nosotros, como si cada uno de nosotros quisiera quitarse de encima su participación en los problemas de este país; así decimos: “en este país la gente es impuntual”, “en este país los teléfonos son una porquería”, “en este país reina la corrupción”, etc. Resulta, sin embargo, que este país es nuestro país, y que una manera de recuperar la conciencia y el orgullo de nosotros mismos radica en empezar a sentirnos parte de una cultura y reconociéndola como es plantearnos el desafío de convertirla en lo que quisiéramos que sea. Es decir, que “si en nuestro país somos impuntuales, hay que empezar a respetar el tiempo de los demás”, etc.

Nuestro país está atomizado por demandas regionales, étnicas, gremiales, sociales, por lo que en todos los campos se torna una necesidad política la existencia de un Pacto Nacional que defina el país que queremos en el largo plazo, y que formule un proyecto nacional que permita alcanzar las metas deseadas. Sin esa perspectiva estratégica todo lo que hagamos tendrá un sentido inmediatista que no nos permitirá configurar un proyecto de futuro. La posibilidad de este Pacto Nacional tiene que ver no sólo con la capacidad de convocatoria del gobierno sino con la voluntad política para gobernar más allá de las urgencias, en función de un proyecto nacional que aglutine esas realidades que hoy están dispersas o excluidas.

Esto, por supuesto, no es una obrita que se pueda inaugurar en alguna efeméride; tampoco es un proyecto de Ley que habrá de ser aprobado tras una negociación parlamentaria; mucho menos algún decreto presidencial para ser ejecutado por los ministros del área social. Este punto de la agenda requiere de la formulación, por parte del gobierno, de un proyecto político capaz de convocar a una sociedad dispersa y de asumir un liderazgo en función de definir las tareas para construir el país con el que soñamos los ecuatorianos.

Ser nosotros en la aldea planetaria

“Asoma la Bardot con su farol y su cabello / y yo abro los ojos. / Asoma Marilyn con su nardo de plata / hasta los senos / y yo tiemblo. / Asoman las modelos de Modigliani / sobre sus apretujantes almohadones / y yo entiendo / que la pureza y la pasión son hermanas. / Las Valdivias / tienen los hombros suaves / y yo los palpo en sueños”. En el poema “Modos de crecer en todas las imágenes”, de Julio Pazos (1944), podemos leer una manera de apropiarnos del mundo e insertarlo en nuestra tradición.

Una de las tensiones en la que estamos inmersos es la tensión entre lo local y lo global, es decir, la problematización de ser ciudadanos del mundo sin que nuestra identidad sea tragada por la arena movediza del mercado global. Por ello, es indispensable que nuestro país se reconozca en términos cotidianos de la manera como se ha definido en el artículo primero de la Constitución de 1998: “El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico”.

De esta definición se infiere la necesidad de una política destinada a incorporar a las diversas culturas indígenas al proyecto de país que requerimos formular. Esto implica, como acción inmediata la atención prioritaria a la situación de los indios y la formulación de un programa económico que tome en cuenta las formas culturales de producción, intercambio y consumo de las comunidades indígenas, como parte de las variables del programa; en este sentido, no basta con plantear la modernización del agro, sino que se vuelve necesario formular dicha modernización armonizando las apremiantes demandas del mercado y el espíritu de las culturas.

El orgullo de nuestra identidad múltiple también implica la superación de las disputas regionales. Esta superación partirá de una reorganización del aparato del Estado destinada a superar las iniquidades actuales en el reparto de los ingresos del país y en la atención que otorga el gobierno central a los pueblos de la periferia. En este punto, el gobierno tiene solamente que cumplir con la disposición transitoria trigésima segunda de la Constitución de 1998, que dice: “Para hacer efectiva la descentralización y la desconcentración, el gobierno nacional elaborará un plan anual e informará al Congreso sobre su ejecución”.

La educación primero

No habrá verdadera modernización del país si no existe un proceso de modernización del aparato educativo, que, para ello, requiere de una manifiesta voluntad política para invertir de manera sostenida en educación. En nuestro país, sin embargo, se ha reducido groseramente el sentido de la modernización a la privatización del sector público y ello es un engaño a la ciudadanía. Para que el país sea modernizado es imprescindible que la ciudadanía sea educada en el saber contemporáneo, de lo contrario, podríamos tener la tecnología del siglo XXI concentrada en minúsculos grupos y una masa poblacional educándose para sobrevivir en el siglo XIX.

En el debate en materia educativa hemos avanzado bastante. Como país, arribamos a los Acuerdos Nacionales “Educación Siglo XXI” de abril de 1992 y junio de 1996. El resultado positivo de tales Acuerdos es que, hoy día, sus puntos básicos están plasmados en la Constitución de 1998. Lo que se requiere en este momento es que los principios constitucionales se plasmen en leyes, por lo que, superando los resquemores naturales de los funcionarios ante la idea de la continuidad, hay que entender que los Acuerdos son construcciones de la gente de nuestro país, logradas más allá de los gobiernos, de los partidos y de las personas. Después del largo paro, es necesario una tercera conferencia “Educación Siglo XXI” (sería bueno mantener el nombre: así la ciudadanía sabe que es posible la continuidad y eso genera esperanza en todos) que convoque a la sociedad para concretar una nueva Ley y un Plan Decenal de Educación que permita la modernización de nuestro aparato educativo.

En esta conferencia es indispensable que participen el presidente del Conam, para que de una vez por todas, la educación sea considerada como parte sustancial de la modernización del país; los ministros del área económica, toda vez que se necesita de una decisión política destinada a reinvertir de manera sostenida en el aparato educativo y a buscar nuevas maneras de generar recursos para el sector, y, por supuesto, los del área social. Hay que definir que una parte del dinero de las privatizaciones, de lo que se recupere en la subasta de los bancos en poder de la AGD, de las negociaciones en el área petrolera, etc., tiene que ser invertido de manera prioritaria en educación.

En síntesis, considero a la educación como el área prioritaria en el lo social y la base sobre la que podremos construir una ciudadanía para el siglo XXI.

Salud y seguridad social pensando en el usuario

En la Constitución, además de los artículos 55 al 61, existen cuatro inusualmente largas y puntuales disposiciones transitorias destinadas a la transformación del sistema de seguridad social. Los artículos 42 al 46, en cambio se refieren a la salud. Bastaría con cumplir lo que señala la Constitución para que se produzca un salto cualitativo en estos sectores.

Pero lo importante es que el servicio ofrecido sea ejecutado pensando, básicamente, en el usuario. En este sentido, hay que recuperar la idea de que no se trata de una dádiva del Estado, sino de un derecho ciudadano y de un servicio que responde a los aportes de cada trabajador y a los impuestos pagados al IESS y al Estado.

Participación y ciudadanía responsable

Es verdad que los programas de corte asistencial, en ciertos periodos, son necesarios como una ayuda a los sectores más pobres de la población. Sin embargo, estos programas asistenciales no deben convertirse en políticas estatales para el largo plazo; no sólo que la caridad estatal no soluciona los problemas de fondo que originan la miseria sino que es perniciosa para la construcción de una ciudadanía responsable.

En este sentido, la política social no debe ser reducida al reparto del bono solidario y la colación escolar, sino, por el contrario, sustentada en la promoción de la organización y autogestión populares con la apertura de líneas de crédito para microempresarios, apoyo a los trabajos de desarrollo comunitario, asistencia técnica y creación de fuentes de trabajo a través de la obra pública, entre otros aspectos.

La ciudadanía responsable es aquella que se construye en el ejercicio de los deberes, según señalan los veinte numerales del artículo 97 de nuestra Constitución que concluyen con la máxima de la cultura quichua “Ama quilla, ama llulla, ama shua”, que significa: “No ser ocioso, no mentir, no robar”, y aquello sólo es posible más allá del asistencialismo. La política social es imprescindible en el proceso de modernización del Ecuador porque ello significa que todo lo que se haga estará en función de las ciudadanas y los ciudadanos más frágiles ante los cambios que estamos viviendo.

Así podremos decir como en el texto “Creo en un país…”, de Jorge Enrique Adoum (1926): “Creo en un país donde seamos capaces de mirar por sobre el hombro la ruina que queda a nuestra espalda, y construyamos un paisaje luminoso para todos, porque vamos a la luz que está adelante y nos espera al final del túnel largo. Creo que ese país es éste. Creo en este país”. Mantener viva la esperanza con una formulación clara de los objetivos nacionales es, en síntesis, el mejor sustento ideológico de una política social que nos permita soñar despiertos en tierra.